Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo, a un año de la masacre de Sacaba donde, como resultado de un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas, 10 personas murieron por impacto de bala, denunció que estas muertes permanezcan en la impunidad y que las investigaciones no avancen debido a los obstáculos colocados por estas  instituciones que se niegan a brindar información sobre esos hechos.

La Defensoría del Pueblo abrió una investigación en contra del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional por la presunta vulneración del derecho a la confidencialidad, pues no habría guardado reserva de la información y documentación que recibió como parte de una denuncia en contra de vocales de una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

La Defensoría del Pueblo denunció impunidad dentro de un caso de violación sexual en el que el actual Fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, fue abogado defensor del presunto autor, ya que desde 2009, cuando ocurrió el hecho, hasta la fecha no se determina la responsabilidad del acusado y, además, existe la posibilidad de que el proceso se cierre con el retiro de la acusación.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, la mañana de este martes fue notificada por el Ministerio Público con el “rechazo de denuncia” que fue presentada en su contra por el diputado Amilcar Barral, en junio de este año, por el supuesto delito de anticipación o prolongación de funciones, misma que no fue demostrada por el querellante de acuerdo a la fundamentación jurídica de la Resolución de Rechazo IRFG N° 046/2020.

La Defensoría del Pueblo, a través de la Coordinación Regional de Yacuiba, realiza gestiones en el hospital y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del municipio de Villa Montes para que se proceda a la Interrupción Legal del Embarazo de una niña de 11 años de edad, T.E.O., quien fue víctima de violación sexual cometida por su padrastro. 

La Defensoría del Pueblo pidió que, en cumplimiento de lo que disponen los estándares internacionales de protección de animales, el zorro Antonio no sea tratado como un objeto de propiedad, sino reconocer que él es sujeto de derecho y protección jurídica y debe ser tratado con respeto y solidaridad, por lo que considera que debe ser devuelto a la familia que lo rescató y domesticó.

La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas la omisión del Estado boliviano para establecer medidas diferenciadas para la protección de esta población frente a la COVID-19.

La Defensoría del Pueblo demandó a las instancias e instituciones competentes a garantizar la protección para la asambleísta departamental de Potosí, Miriam Vargas, en cumplimiento de lo que dispone la Ley 243 contra la Violencia y Acoso Político, frente a las presiones y desconocimiento de los derechos políticos de esta legisladora quien fue obligada a presentar su renuncia al cargo.

La Defensoría del Pueblo deplora y rechaza la falta de ética y responsabilidad en la que incurrió el programa televisivo No Mentirás, que anoche transmitió en vivo el fallecimiento de una persona con COVID-19, imágenes que vulneran los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, y transgreden la inviolabilidad de la dignidad, todos protegidos por la Constitución Política del Estado.

La Defensoría del Pueblo expresó preocupación por la situación de los trabajadores de los medios estatales, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Informaciones (ABI) y Radio Illimani que se encontrarían en la incertidumbre sobre su condición laboral, y anunció que realizará una verificación para garantizar el respeto y cumplimiento de derecho laborales de estas personas.