Defensoría del Pueblo denuncia impunidad en caso de violación sexual que fue patrocinado por el actual Fiscal Departamental de La Paz

La Defensoría del Pueblo denunció impunidad dentro de un caso de violación sexual en el que el actual Fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, fue abogado defensor del presunto autor, ya que desde 2009, cuando ocurrió el hecho, hasta la fecha no se determina la responsabilidad del acusado y, además, existe la posibilidad de que el proceso se cierre con el retiro de la acusación.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó que existe una resolución emitida por la Fiscalía Departamental de La Paz, la FDLP/ARVM-N° 28/2020 del 2 de junio de 2020,  en respuesta a la solicitud de retiro de la acusación contra R.R.M.C. que fue presentada por la Fiscal de Materia, Pamela N. Espejo, bajo el argumento de insuficiencia de pruebas, y aceptada por la entonces fiscal departamental interina, Rosario Venegas.

“La solicitud de retiro de la acusación será tratada este viernes a las 9 en audiencia en el Tribunal Séptimo de Sentencia en lo Penal de La Paz y nos genera dudas que después de más de cinco años en que comenzó el proceso penal se intente retirar la denuncia, de ocurrir aquello se dejará en la impunidad un delito”, observó Cruz.

El hecho ocurrió en 2009 y recién en 2015 el Ministerio Público presentó la acusación formal contra R.R.M.C., desde entonces a la fecha pasó  más de una década sin que la víctima pueda alcanzar justicia y se evidencia que en este caso se excedieron los plazos procesales establecidos en Código de Procedimiento Penal.

“Esto resulta preocupante y llamativo si se considera que el actual Fiscal Departamental de esta jurisdicción, fue abogado defensor del acusado hasta febrero de este año, según se comprobó en la revisión del expediente, lo que genera dudas sobre una posible intencionalidad de que el juicio no llegue a determinar la responsabilidad del presunto autor”, manifestó.

El 29 de septiembre, la institución defensorial remitió un requerimiento de información al Presidente del Tribunal de Sentencia Séptimo de La Paz, Claudio Torrez Fernández, y al no recibir una respuesta se notificó con una reiteración el 13 de octubre. A la fecha este Tribunal no remitió ninguna respuesta incurriendo en  incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

“Emplazamos al Tribunal Departamental de Justicia y a las autoridades competentes a considerar los hechos denunciados por la víctima e instamos a que actúen conforme a ley y en pleno cumplimiento de las garantías judiciales y de sus funciones, considerando que para lograr justicia es necesario que sea la autoridad jurisdiccional la que considere los hechos y determine la verdad histórica, la responsabilidad y la sanción adecuada”, manifestó la Defensora.

La institución defensorial inició una investigación sobre este caso y acompañará a la víctima, C.J.M.L, hasta que se diluciden los hechos de conformidad a la ley y garantizar el respeto y cumplimiento de sus derechos.