Oficina - Cochabamba

La Defensoría del Pueblo en Cochabamba recibió la denuncia de un despido ilegal y discriminatorio de una trabajadora dependiente de Cancillería de Bolivia en Estados Unidos, debido a que era portadora del coronavirus del COVID-19.

Al finalizar este sábado, la Delegación Defensorial Departamental Cochabamba ante el conocimiento de intento de linchamiento de dos presuntos delincuentes que habrían efectuado robos en la zona de Ushpa Ushpa, al sur de la ciudad, gestionó con la Policía Boliviana mediar en este conflicto.

Ante los reclamos de la población cochabambina con relación a la desinformación respecto a los requisitos para el pago de los bonos y ante el pronunciamiento de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) con relación a la cancelación de los diferimientos de los créditos bancarios, la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, continúa realizando verificaciones defensoriales en las diferentes Entidades de Intermediación Financieras (EIF) a fin de precautelar la salud y la adecuada atención en el pago de los bonos dispuestos por el Gobierno central y la reprogramación de pago de créditos.

Hoy en audiencia de medidas cautelares, el Juez Anticorrupción, Richard Rodríguez, determinó detención domiciliaria para José María Leyes, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, así como arraigo y fianza de 150 mil bolivianos, disponiendo la libertad de los otros tres imputados por una presunta adjudicación irregular de alimentos para policías y militares durante la emergencia sanitaria de la Covid-19.

La Defensoría del Pueblo en Cochabamba, gestionó y coordinó ayer el traslado de 102 cochabambinas y cochabambinos de 19 municipios quienes se encontraban varados en las regiones de Yacuiba y Puerto Suárez.