Oficina - Tarija

19 de febrero de 2021

La Defensoría del Pueblo ha demandado acciones urgentes al Comando Departamental de la Policía Boliviana, a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario y a las Entidades Territoriales Autónomas para garantizar la seguridad y la reintegración social de las personas privadas de libertad del Recinto Penitenciario de Morros Blancos, tras  tomar conocimiento de un nuevo hecho de muerte violenta al interior del recinto penitenciario, el cual se constituye el tercero en menos de quince días, acrecentando la inseguridad y poniendo en evidencia la ausencia de políticas claras de atención integral, clasificación y dotación adecuada de personal de seguridad penitenciaria.

Según la Delegada Defensorial en Tarija, Carola Romero “Este nuevo hecho de violencia refleja las debilidades en cuanto a la seguridad y al seguimiento adecuado a la situación de las personas privadas de libertad, lamentablemente, en horas de la tarde realizamos una visita conjunta con personal del Servicio de Prevención de la Tortura SEPRET y de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en la que recabamos una serie de preocupaciones y demandas de la población penitenciaria, respecto a las limitaciones del derecho al trabajo, la deficiencia en el servicio de internet y disponibilidad de equipos para el ingreso a audiencias con los diferentes juzgados, así como la preocupación respecto a los constantes hechos de violencia”. La Delegada informó que como institución se ha iniciado  oficio procesos de investigación en cada uno de los hechos de muerte violenta al interior del recinto, sean por apuñalamientos o por presuntos ahorcamientos, exigiendo tanto a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen FELCC, como a la Fiscalía Departamental actuaciones oportunas y objetivas que permitan llegar a la verdad material de los hechos.

Otro aspecto evidenciado es la irregular provisión de agua potable, principalmente en el bloque de máxima seguridad, sumado a la falta de insumos de limpieza, los cuales no fueron entregados desde hace más de un mes. Romero señaló también su preocupación ante el retraso existente en el pago de prediarios, que desde el mes de noviembre de la pasada gestión no fueron cancelados a los privados de libertad, debido a los constantes cambios en Régimen Penitenciario, que repercuten en la presentación de documentación incompleta al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija impidiendo su procesamiento oportuno.