DEFENSORÍA DEL PUEBLO CONSTATA VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES A NIÑOS, NIÑAS Y PERSONAS ADULTAS BOLIVIANAS RETENIDOS EN LA FRONTERA ENTRE BOLIVIA Y BRASIL
19 de junio de 2020
Las condiciones
económicas y sociales que enfrenta el
vecino país del Brasil debido a la pandemia por el COVID -19, dio lugar a que
alrededor de 40 personas de nacionalidad boliviana y dos de nacionalidad
colombiana, dejen este país y lleguen la
población fronteriza de Arroyo Concepción, donde se encuentran desde el pasado
viernes 12 de junio. en condiciones infrahumanas.
Puerto Suárez, 19 de junio de
2020.- Las condiciones económicas y sociales que enfrenta el vecino país del Brasil debido a la pandemia
por el COVID -19, dio lugar a que alrededor de 40 personas de nacionalidad
boliviana y dos de nacionalidad colombiana, dejen este país y lleguen la población fronteriza
de Arroyo Concepción, donde se encuentran desde el pasado viernes 12 de junio.
A su
llegada a la frontera, fueron varadas por controles a cargo de la Armada
Boliviana y de la Jefatura Regional de Migración, evitando de esta manera el
ingreso a territorio nacional a decir de sus autoridades, porque no habrían
cumplido los protocolos de bioseguridad, obligándoles a pernoctar sobre el
puente de La Amistad a la intemperie y expuestos a picaduras de mosquitos y
factores medioambientales agresivos a la naturaleza humana de niños, niñas y
mujeres principalmente.
Al día
siguiente, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Defensa
Civil se hicieron presentes y les entregaron víveres que permitieron cubrir dos
días de su alimentación, sin embargo y pese a las gestiones realizadas por
ambas instituciones, no se les permitió que ingresen a cumplir cuarentena en el
albergue Germán Busch en Puerto Suárez.
Frente a
esta situación adversa y de cara a la indolencia de autoridades locales y nacionales
encargadas del control y tránsito en esta zona, los migrantes bolivianos bloquearon el puente
de La Amistad, en dos oportunidades, y sólo así lograron que se le provea un toldo improvisado
y dos carpas; posteriormente la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de la Provincia Germán Busch, facilitó cuatro carpas pequeñas, y este
viernes la Coordinación Regional de Puerto Suárez de la Defensoría del Pueblo, proveyó
dos toldos con protectores laterales
para completar las cubiertas faltantes y así mejorar las condiciones de su
descanso.
La
Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, verificó que el
campamento improvisado para cumplir una cuarentena exigida para entrar a
territorio nacional, no cumple con las
condiciones requeridas y que de pleno se constató la vulneración de derechos humanos.
En
contraposición a lo establecido en el numeral dos, del artículo 15 de la Constitución
Política del Estado, el grupo de
personas retenidas ha sido obligado, mediante uso persuasivo de la fuerza de la
policía y militares, a soportar condiciones degradantes de vida, donde los roles
institucionales de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, se limitaron y
no les brindaron ayuda humanitaria ni tomaron en cuenta la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentran, empujando a dormir a niños, niñas y mujeres en plena
intemperie entre mosquitos, en una zona endémica del dengue, y otros insectos que habitan en el monte que
hay alrededor, además de dormir sobre el asfalto y a orillas de la vía de tránsito
de camiones de transporte pesado.
Derechos
Civiles Vulnerados.-
Para
la retención de las personas procedentes del país vecino Brasil, en este lugar,
no se estableció áreas diferenciadas para funciones expresas como son el aseo
de las personas, circulación, descanso u otros que deben responder a tratos
mínimos de la dignidad humana.
La
retención es en sí misma, se constituye en
vulneración al derecho a la circulación en territorio boliviano, ellos si bien
no pasaron los retenes fronterizos, no significa que estén fuera del territorio
boliviano; en los hechos significa que ingresaron al País pero sus derechos en
este sentido están siendo vulnerados.
Derecho
a la salud y a la seguridad.-
Hasta
hoy, y transcurrida una semana de la llegada de los connacionales, ninguna
institución de salud se hizo presente para verificar el estado de salud de
niños, niñas y mujeres, y menos para
hacer el registro y seguimiento sanitario en el marco de la cuarentena que
vienen realizando en condiciones infrahumanas.
El Coordinador Regional de
Puerto Suárez, Carlos Lara Ugarte, durante la verificación, fue enfático en
afirmar que si bien existen restricciones plasmadas en decretos supremos, estos
no pueden estar por encima de los derechos humanos consagrados en la
Constitución Política del Estado, y que el cumplimiento de las medidas y
protocolos de bioseguridad para la prevención del COVID – 19, deben ser realizadas
en condiciones dignas y humanas que el Estado Boliviano debe brindar, a través
de las instituciones competentes.