Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo observa que a la fecha es incierta la posibilidad de contar con pruebas, accesibles, oportunas y suficientes, para identificar casos de COVID-19 en el país, no obstante que el Ministerio de Salud informó hace 76 días que existía un plan de preparación y respuesta para el control de esta enfermedad.

La Defensoría del Pueblo rechaza enfáticamente los hechos violentos suscitados, la noche del jueves, en los municipios de El Alto, Ivirgarzama y Yapacaní, donde  grupos de personas salieron en protesta por la ampliación de la cuarentena y exigiendo la realización de las elecciones generales, rompiendo una medida preventiva dispuesta a nivel nacional para evitar el incremento de los riesgos para la salud pública debido a la pandemia del COVID-19.

La Defensoría del Pueblo, demandó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, asumir medidas necesarias y pertinentes para garantizar la estabilidad laboral y el pago de salario de trabajadoras del hogar, correspondiente a marzo y abril, quienes durante este periodo de cuarentena han visto sus derechos laborales vulnerados; asimismo, atender de forma oportuna las denuncias presentadas por este sector.

La Defensoría del Pueblo, con el objetivo de prevenir la vulneración de derechos humanos derivada de posibles escenarios de conflictividad en este periodo de cuarentena por el COVID-19 y posterior a esta emergencia, emitirá un reporte diario de alertas tempranas que se publicarán en la página web de la institución https://www.defensoria.gob.bo/reporte-alerta-temprana/4/vista-detalle.html

La Defensoría del Pueblo observa que el Ministerio Público y la Policía Boliviana hacen uso desproporcionado de las figuras del arresto y del inicio de procesos penales en el caso de dos autoridades de la Alcaldía de Villa Tunari y de un periodista de la radio Kawsachun Coca, y que se amparan en el Decreto Supremo 4200, sobre la cuarentena contra el coronavirus COVI-19, como una forma de amedrentamiento y persecución desproporcional.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al Gobierno Nacional que instruya y viabilice la libre circulación de motorizados y personal de las productoras avícolas del país, así como de trabajadores  de apoyo, debido a que 500 productoras de ese rubro han paralizado su producción porque tienen dificultades ocasionadas por funcionarios militares y policiales, y porque está en riesgo el abastecimiento de alimentos.

La Defensoría del Pueblo, en notas remitidas a la Presidenta del Estado, Jeanine Áñez, y a la Ministra de Comunicación, Isabel Fernández, pidió la adopción de medidas para cumplir con sus obligaciones financieras, derivadas de los servicios de difusión de propaganda, con el canal PAT, pues al no hacerlo está afectando el derecho a la libertad de expresión tanto de los periodistas como de la población en general, y afectando derechos laborales.

La Defensoría del Pueblo evidenció que un centenar de camiones cargados de frutas, verduras, hortalizas y otros productos alimenticios, se encuentran varados desde el 28 de marzo de 2020 en el sector denominado “Escabeche”, en la ruta entre Caranavi y Quiquibey, en el norte paceño, debido a derrumbes en este tramo carretero, lo que impide que lleguen hasta su destino y afecten el abastecimiento de la población.

Gracias a gestiones realizadas por la oficina regional de la Defensoría del Pueblo en Riberalta, se posibilitó que 40 zafreros, previa una valoración médica, puedan ser trasladados hasta sus hogares desde el municipio de Puerto Rico en el departamento de Pando, donde se encontraban abandonados en medio de la crisis sanitaria que vive el país por el COVID-19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció la vulneración de los derechos humanos por parte del Estado boliviano en el periodo poselectoral del 20 de octubre de 2019 y lo hizo en las audiencias públicas del 175 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizadas en Haití.