Gestor de Notas de Prensa

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, convocó a iniciar un diálogo urgente para pacificar la zona de K’ara K’ara en la ciudad de Cochabamba, donde esta mañana se produjeron nuevos enfrentamientos entre fuerzas combinadas policiales-militares y vecinos que bloqueaban el sector, que derivó en la gasificación de las personas situadas en el lugar, dejando a policías heridos y vecinos detenidos.

La Defensoría del Pueblo demandó a las instancias e instituciones competentes a garantizar la protección para la asambleísta departamental de Potosí, Miriam Vargas, en cumplimiento de lo que dispone la Ley 243 contra la Violencia y Acoso Político, frente a las presiones y desconocimiento de los derechos políticos de esta legisladora quien fue obligada a presentar su renuncia al cargo.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió que una eventual clausura de las radios comunitarias sería un acto ilegal y que las declaraciones del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en sentido de que habría que clausurarlas, se convierten en un amedrentamiento directo en contra de ellas. 

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, tras sostener una reunión con las víctimas y familiares de la  denominada masacre de Pedregal, en la zona sur de La Paz, ocurrida el 11 de noviembre de 2019 producto de la incursión policial, reiteró su cuestionamiento al Gobierno porque a siete meses de esos hechos, éstos siguen en la impunidad y no se cumplió con el resarcimiento por los fallecidos y atención médica para los heridos.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, declarar como ilegal la renuncia de la asambleísta departamental de Potosí, Miriam Vargas, porque la misma se dio en un contexto de acoso y violencia política, hostigamiento y presión en contra de esta persona y sus familiares.

La Defensoría de Pueblo, este lunes, remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para normar situaciones que limitan derechos fundamentales en un Estado “sui generis” que vive el país como resultado de la emergencia sanitaria y la propagación de la pandemia COVID-19. 

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación porque, no obstante de haberse declarado, el 21 de mayo pasado, desastre sanitario en el departamento del Beni por la alarmante propagación del coronavirus, las autoridades nacionales, departamentales y municipales aún no activaron medidas efectivas para contrarrestar el crecimiento acelerado de casos positivos que al 28 de mayo alcanzan a 1.506 y 84 fallecimientos.

La Defensoría del Pueblo denunció una serie de atropellos protagonizados por guardias municipales de la Alcaldía de San Javier, en Santa Cruz, en contra de indígenas de la Central Indígena Paikoneka, cuando intentaron tomar la sede de esa organización con el argumento de convertirlo en un centro de atención para pacientes con COVID-19.

La Defensoría del Pueblo condena y rechaza las actitudes violentas de pobladores de Mairana que este vienes agredieron a periodistas que realizaban la cobertura de la protesta que protagonizan en ese sector.

La Defensoría del Pueblo demandó al Gobernador del Beni, Fanor Amapo, declarar, de forma urgente e inmediata, “desastre o emergencia” en ese departamento y en consecuencia, solicite de forma diligente la asistencia del Gobierno central para la atención de las necesidades emergentes por la propagación del COVID-19 en esa región.