Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo lamenta la vulneración de derechos de trabajadores de la prensa y que, nuevamente, su labor se vea obstaculizada al registrarse el arresto del periodista de Página Siete, Carlos Quisberth, quien fue enmanillado y trasladado en un vehículo policial, cuando realizaba la cobertura de prensa del conflicto de la Asociación de Productores de Hoja de Coca de La Paz (ADEPCOCA), en la zona de Villa Fátima.

La Defensoría del Pueblo, rechaza las amenazas vertidas por el denominado grupo “Wila Lluch’us” en contra de la señora Amparo Carvajal Baños, haciendo referencia a que su domicilio debe ser incendiado debido a su posición sobre los hechos luctuosos de 2019.

La Defensoría del Pueblo, ante denuncias hechas públicas sobre afectación y agresiones a trabajadores de la prensa, recuerda a las autoridades del Estado, a servidores públicos y a la sociedad en su conjunto, que la labor que realiza este sector tiene una función social y está garantizada por la Constitución Política del Estado. 

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció que las prácticas represivas de las fuerzas policiales y militares continúan presentes en Bolivia, y que el Estado boliviano no cumple con sus obligaciones de adecuar la norma y de juzgar los casos de tortura. 

En el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y Transfobia, es importante destacar que en  Bolivia se dieron importantes avances para el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género, no obstante, aún deben enfrentar un sistema patriarcal que no prevé medidas diferenciadas para garantizar su protección y el derecho a una vida digna.

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la conminatoria judicial emitida para que 13 medios de comunicación hagan conocer los nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados al caso de Jhasmani Torrico, y afirmó que este tipo de actos se constituyen en medios de amedrentamiento y en una limitación a la libertad de expresión.

La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía Departamental de Beni iniciar una acción penal por actos de tortura cometidos por efectivos militares de la Fuerza Naval de San Ignacio de Moxos, en contra de tres personas que fueron detenidas en mayo pasado, supuestamente, por infringir la cuarentena, hechos que fueron investigados por la Delegación Defensorial de Beni tras conocer las denuncias.

La Defensoría del Pueblo exhorta a las instituciones estatales, líderes políticos y organizaciones sociales a garantizar la estabilidad democrática y pacífica que hoy vive el país, y el respeto de los derechos civiles y políticos de toda la población boliviana, que posibiliten alcanzar un proceso electoral transparente y participativo, priorizando el uso de mecanismos de prevención de la violencia como el diálogo y la concertación, y no así el uso de la fuerza estatal.

Cerca de 200 personas privadas de libertad de distintos centros penitenciarios del país, son parte de acciones humanitarias que promueve la Defensoría del Pueblo para incidir en los procesos de readaptación y reinserción social, mismos que se sustentan en la educación y trabajo, e impulsar la promoción de su producción artesanal.

La Defensoría del Pueblo, durante todos los días del conflicto que vive el país, ha evidenciado graves actos de violencia que se han traducido en la afectación a la integridad de más de 500 personas, la muerte confirmada de 18 personas, durante toda la etapa de conflictividad, 14 de éstas en un contexto de intervenciones conjuntas entre Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Se ha observado un número importante de arrestos de civiles a partir del 10 de noviembre,  que han presentado signos notorios de tratos crueles, motivo por el cual se han remitido comunicaciones escritas de recordatorios, sobre las prohibiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tanto a la Presidenta del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, solicitando que su accionar se enmarque en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.