Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo demandó al Gobierno mejorar y ampliar el alcance del Bono Familia y el pago de la Canasta Familiar para beneficiar a grupos en situación de vulnerabilidad que no fueron considerados, como los estudiantes de centros de educación especial y de nivel secundario, personas con discapacidad  leve y moderada y jubilados con una renta reducida, en el marco del principio de no discriminación e igualdad.

La Defensoría del Pueblo, dentro de su objetivo de prevenir la vulneración de derechos, impulsa procesos de aprendizaje para sensibilizar en temas como la lucha contra la violencia hacia las mujeres o el promover la adopción para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes en situación de acogimiento a vivir en familia.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Director General de Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), que disponga el uso de inmuebles para albergar a los bolivianos que se encuentran en los nueve departamentos del país, así como los del exterior, como quienes se hallan varados en Huara, Chile, como efecto de las disposiciones gubernamentales para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. 

La Defensoría del Pueblo evidenció desorden, confusión y el riesgo de contagio del COVID-19 para las personas adultas mayores, en el primer día de pago de la Canasta Familiar de 400 bolivianos, ante la falta de información precisa, largas filas en entidades financieras, exigencia de otros requisitos a los establecidos, entre otros; por lo que pidió al Gobierno medidas correctivas para garantizar la protección e información precisa y oportuna para esta población.

La Defensoría del Pueblo, en notas remitidas a la Presidenta del Estado, Jeanine Áñez, y a la Ministra de Comunicación, Isabel Fernández, pidió la adopción de medidas para cumplir con sus obligaciones financieras, derivadas de los servicios de difusión de propaganda, con el canal PAT, pues al no hacerlo está afectando el derecho a la libertad de expresión tanto de los periodistas como de la población en general, y afectando derechos laborales.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno medidas de protección para 729 personas que permanecen en distintas regiones del país porque no pudieron retornar a sus hogares  debido a la declaratoria de cuarentena y emergencia sanitaria por el COVID-19, y  comienzan a enfrentar carencias con el transcurrir de los días.

La Defensoría del Pueblo identificó vulneraciones a la continuidad del tratamiento del paciente Richard S. K., ejecutivo de la empresa AXS, quien falleció cerca a la medianoche del domingo 29, cuando era trasladado al Hospital del Norte en El Alto, con un diagnóstico positivo para el coronavirus COVID-19, y anunció una investigación de oficio sobre este hecho ante las varias interrogantes que existen.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, demandó al Estado el establecimiento de un reglamento de procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de coronavirus COVID-19, dado que existe una confusión de protocolos y rutas de atención; y solicitó una subvención de gastos funerarios para personas de bajos recursos económicos.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para proteger a las 209 bolivianas y bolivianos que se encuentran varados cerca de la frontera con Chile, impedidos por el Estado boliviano de retornar al país durante el periodo que dure la emergencia sanitaria y cuarentena total.

La Defensoría del Pueblo investiga denuncias sobre el supuesto despido de personal en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), durante el tiempo de la actual declaratoria de cuarentena y emergencia sanitaria nacional por el COVID-19; situación que, de ser evidente, estaría vulnerando derechos humanos y afectando a familia en un periodo de crisis.