Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo denuncia que el cierre de las carceletas rurales, como anunció el Gobierno, provocará vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, debido a que su traslado a las cárceles urbanas podría agravar el hacinamiento y las condiciones de vulnerabilidad en las que viven.

La Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional a adoptar medidas específicas de protección y prevención en favor de los grupos vulnerables de la sociedad, como personas en situación de calle, adultos mayores y niños y adolescentes concentrados en centros de acogida, pacientes con cáncer y enfermedades crónicas  y personas privadas de libertad, debido a que precisan una especial y urgente atención ante la emergencia derivada por la propagación del coronavirus COVID-19.

“Entrenando por la Liberación” es el nombre del programa que la Defensoría del Pueblo impulsa para incidir en los procesos de readaptación y reinserción social de personas privadas de libertad, a través de la formación de entrenadores deportivos y árbitros de fútbol. El mismo fue presentado, este jueves, en el penal de Palmasola como un proyecto piloto que será replicado en el resto de las cárceles del país, como un aporte en el fortalecimiento de la terapia ocupacional y que posibilite mejorar la productividad económica de esta población.

Privados de libertad del penal de Morros Blancos recibieron de manos de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, la certificación de haber participado en el programa de lectura “Libros por Rejas”, y logrado acceder a 30 horas de cómputo de su pena, lo cual podrá ser solicitado a los jueces de Ejecución Penal, previa presentación del certificado.

Cerca de 200 personas privadas de libertad de distintos centros penitenciarios del país, son parte de acciones humanitarias que promueve la Defensoría del Pueblo para incidir en los procesos de readaptación y reinserción social, mismos que se sustentan en la educación y trabajo, e impulsar la promoción de su producción artesanal.

La Defensoría del Pueblo, durante todos los días del conflicto que vive el país, ha evidenciado graves actos de violencia que se han traducido en la afectación a la integridad de más de 500 personas, la muerte confirmada de 18 personas, durante toda la etapa de conflictividad, 14 de éstas en un contexto de intervenciones conjuntas entre Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Se ha observado un número importante de arrestos de civiles a partir del 10 de noviembre,  que han presentado signos notorios de tratos crueles, motivo por el cual se han remitido comunicaciones escritas de recordatorios, sobre las prohibiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tanto a la Presidenta del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, solicitando que su accionar se enmarque en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo ante los lamentables sucesos en la población de Sacaba, donde la tarde de este viernes se registró la muerte de cinco personas durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, que además dejó más de una treintena de heridos, expresa su alarma y preocupación ante este resultado en la intención de frenar el ingreso de una movilización cocalera a la ciudad de Cochabamba.

Los centros penitenciarios Mocoví y el Centro de Rehabilitación “Mujeres” en Trinidad y la Carceleta Pública de Riberalta, se sumaron al programa “Libros por Rejas” que promueve la Defensoría del Pueblo y que busca, a través de la lectura, fortalecer los procesos de reinserción y readaptación y permita a las y los privados de libertad a beneficiarse con la condonación de sus penas y de esa manera, incidir en la disminución de los niveles de hacinamiento carcelario.

Con la entrega de lotes de libros a los recintos penitenciarios de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, la Defensoría del Pueblo dio inicio al programa piloto “Libros por Rejas” que busca fortalecer los procesos de reinserción y readaptación social dirigidos a personas privadas de libertad a través de la incorporación de la lectura como una alternativa para la redención de penas, previa modificación de la Ley de Ejecución Penal.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, remitió una nota a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional,  en la que pide omitir la propuesta de ley que modifica  artículo 2, parágrafo II de la Ley 1173, porque considera que éste cambio afectará a mujeres privadas de libertad y niñas, niños y adolescentes que puedan estar bajo su cuidado o dependencia.