LA PROTESTA ES UN DERECHO Y EL ESTADO GARANTE DE SU EJERCICIO

Durante esta semana grupos de ciudadanos anunciaron movilizaciones en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, Sucre y otras regiones. En la presente jornada, en la capital política del país, tras enfrentamientos entre movilizados y efectivos policiales se registraron dos personas heridas producto de las protestas sociales, la primera por una pedrada en la cabeza y la segunda, por un impacto de un gas lacrimógeno también en la cabeza. Según constató la institución defensorial, ambas personas accedieron a la atención médica por separado, en el Hospital Santa Bárbara y el CIES, donde, tras el servicio profesional, fueron dadas de alta. Los casos se registraron de oficio y se iniciaron las investigaciones defensoriales a fin de esclarecer el uso de la fuerza policial.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo enfatiza que la libertad de expresión y de reunión pacífica están vinculados con el derecho a la protesta, y su desarrollo debe estar fundado en fines legítimos en el ejercicio democrático y el respeto del Estado de Derecho. En tal sentido, se EXHORTA a los movilizados que deben ejercer el derecho a la protesta de forma pacífica, sin agresiones o incitación a la violencia, hostilidad o discriminación y en el marco de respeto a los derechos de terceros. Asimismo, recuerda que, la protesta en escenarios de conflictividad, tiene límites y desafíos, que pueden derivar en la afectación de otros derechos y deberes de ciudadanos y terceros que no participan de esas movilizaciones.

En tal sentido, se RECUERDA al Estado que es el garante del cumplimiento de este derecho en el marco de los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas de 31 de diciembre de 2011; en consecuencia, en los contextos de conflictividad, el rol de la Policía Boliviana constituye un elemento importante para garantizar el derecho a la protesta y proteger la integridad de los manifestantes, actuando con completa imparcialidad, sin importar su filiación política o el contenido de sus manifestaciones; su accionar debe circunscribirse bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, garantizando la inmediata asistencia a las personas afectadas y procurando brindar la información necesaria a la ciudadanía.

Finalmente, el Estado, las y los bolivianos tenemos el deber de aportar en la preservación del Tejido Social, haciendo del diálogo el principal mecanismo para la resolución de conflictos, y que la tolerancia y respeto a la vida y al ser humano, se constituyan en los roles fundamentales de la convivencia pacífica; pues la violencia venga de donde venga no es tolerable.

La Paz, 15 de enero de 2024