La Defensoría del Pueblo censura que las autoridades nacionales no hayan activado medidas para evitar contagios de COVID-19 en los Centros de Reintegración Social

La Defensoría del Pueblo censura que las autoridades nacionales, tanto judiciales, penitenciarias y sanitarias, no hayan activado los mecanismos suficientes para proteger de contagios de la COVID-19 a los adolescentes de los Centros de Reintegración Social (CRS) del  país, según el Informe Defensorial “Situación de las y los adolescentes en Centros de Reintegración Social en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19”.

“El Estado no ha aplicado los principios y mecanismos jurídicos del Sistema Penal para Adolescentes para el egreso de Centros de Reintegración Social en el contexto de la pandemia COVID-19”, apuntó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, al indicar que se ha identificado una desmejorada y reducida atención por parte del personal dependiente de los CRS, debido a las dificultades de transporte, la decisión de atender por turnos y mediante las TICs, atentando así contra el derecho a la atención integral.

El informe fue producto de una intervención defensorial, entre el 8 y 26 de mayo de 2020, en la totalidad de los CRS del país, es decir en las 16 instituciones dependientes de los gobiernos autónomos departamentales (GADs), con el objetivo de verificar el respeto y vigencia de los derechos de los adolescentes en el contexto de la pandemia.

“En 12 CRS las y los adolescentes contarían con una situación procesal favorable para su egreso, sin embargo, ésta no fue aplicada por las autoridades competentes. En la verificación, se evidenció que dos adolescentes en los CRSV Oruro y CRS Pando continuaban en ellos pese a que habían cumplido la medida socio educativa impuesta”, señala una de las principales conclusiones del documento.

Otro acápite indica que “el 40% de la población penitenciaria en los CRS, al momento de la verificación, se encontraba con detención preventiva y que el 10% ingresó durante el periodo de emergencia sanitaria, con lo que se vulneró el derecho al debido proceso, el acceso a la justicia, a la asistencia integral y  a la excepcionalidad de la privación de libertad”.

La Defensoría del Pueblo ha establecido que 15 adolescentes varones y mujeres cuentan con alguna discapacidad (33%) en los CRS y que son revictimizados por el Estado con lo que se vulnera su derecho a la protección especial.

Los GADs responsables de la administración de 11 CRS incumplieron con su responsabilidad de implementación, financiamiento y gestión de los servicios, instituciones y centros especializados, debido que la infraestructura no responde a las condiciones mínimas establecidas en la norma, señala el documento.

Además, indica que en 13 CRS se han establecido protocolos y normas de conducta para la prevención por la emergencia sanitaria por la Covid-19; pero solamente dos han sido aprobados mediante un instrumento legal y en tres (CRS Fortaleza, CRSV Beni y CRS Pando) se ha omitido elaborar y aprobar protocolos de prevención de la Covid-19.

Entre las determinaciones defensoriales del informe referidos a los gobiernos autónomos departamentales se tiene: “Garantizar y prever una atención integral permanente en los CRS en el contexto de la pandemia. Gestionar la calificación de discapacidad y garantizar la atención médica especializada a las y los adolescentes con discapacidad en los GADs de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Tarija y Chuquisaca”.

“Dotar equipos de computación y servicio de internet adecuados para el acceso a la educación virtual y a distancia, facilitar la comunicación no presencial de las y los adolescentes, así como para la realización de audiencias virtuales, en el marco de los derechos a la educación, comunicación, y acceso a la justicia, en los GADs de La Paz,  Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Pando y Beni”, indica otra recomendación, además de sugerir que se “garantice en nueve GADs personal médico, atención médica y atención psicológica permanente a fin de asegurar el acceso al derecho a la salud”.

También recomienda “garantizar la desinfección oportuna y permanente de los ambientes para asegurar la prevención de la propagación del virus Covid-19 en los GADs de Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, Oruro, Tarija, Beni y Pando”.

Entre las recomendaciones al órgano judicial, se contempla “garantizar que las autoridades judiciales que conocen procesos de adolescentes con responsabilidad penal eviten la imposición de medidas privativas de libertad, en el marco de los principios y derechos del Sistema Penal para Adolescentse (SPA) a la excepcionalidad y desjudicialización”.

Y al Órgano Judicial, Servicio Plurinacional de Defensa Pública y Ministerio Público, aconseja “analizar la situación procesal de las y los adolescentes en CRS que cuentan con condición favorable para la modificación de la medida socioeducativa, cesación de la detención preventiva o disposición de requerimientos conclusivos, según corresponda, para su egreso de los centros”, entre otras recomendaciones.