En el día del Censo la Defensoría del Pueblo atendió 27 casos y canalizó el censado de familias en siete regiones

La Paz, 26 de marzo de 2024 (UCOM/DPB). - Durante la jornada del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, la Defensoría del Pueblo desplegó un operativo a nivel nacional a través de sus 21 oficinas, movilizando a más de 50 profesionales, lo cual le permitió atender al menos 27 casos, de los cuales 19 correspondían a familias que aún no habían sido censadas. 

La entidad defensorial intervino y canalizó la atención de esa demanda hacia el Instituto Nacional de Estadística (INE) en La Paz, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz, así como en El Alto, Puerto Suárez y Riberalta, toda vez que la población llamó a las líneas de atención a la ciudadanía, habilitadas en las 21 oficinas defensoriales, para denunciar que aún no habían sido censados, incluso pasadas las 20 horas, como ocurrió en el caso de Riberalta. 

Inmediatamente la Defensoría del Pueblo hizo gestiones ante personal departamental y regional del INE, para que censistas acudan a los domicilios de los ciudadanos denunciantes para proceder con el proceso estadístico. 

De igual manera se actuó en el municipio de Achocalla, donde las familias de una calle entera, en la urbanización FATIC no habían sido censados y demandaban la presencia de los censistas, entre otros casos resaltantes.  

Entre otros de los casos resaltantes que atendió la institución defensorial se tiene la intoxicación alimenticia sufrida por 92 censistas voluntarios, todos ellos conscriptos. Profesionales de la Defensoría del Pueblo se desplazaron en los diferentes centros hospitalarios donde fueron atendidos los afectados, para realizar las investigaciones pertinentes y hacer seguimiento de la situación de cada uno de los soldados. 

Esa jornada también se atendieron casos de personas que fueron detenidas en celdas policiales, por transgredir el auto de buen gobierno, como el caso de Tarija. La Defensoría del Pueblo intervino, hizo el seguimiento de cada uno de los casos hasta la liberación de los infractores, luego que cumplieron el periodo de detención establecido por ley, además de la entrega de vehículos y celulares, en los casos en los que se hizo la incautación de estos elementos.