Defensoría del Pueblo repudia violencia y acoso político a dos concejalas de Sipe Sipe y pide al Ministerio Público iniciar proceso penal

La Defensoría del Pueblo manifiesta su total repudio a los actos de acoso y violencia política suscitados contra las concejalas de Sipe Sipe en Cochabamba, Reina Jhovana Beltrán Huaranca y Aida Eva Rodríguez Carrasco, agresiones que tenían como objetivo obligar a que ambas concejalas soliciten licencia desde el 11 de enero de 2024 hasta el 3 de mayo de 2026, que es prácticamente hasta el final de su gestión.

En ese sentido, se pide a las instancias competentes, entre ellas al Ministerio Público a iniciar de oficio las investigaciones y acciones correspondientes en el marco de la normativa, atribuciones y competencias vigentes. (148 Bis - Acoso Político contra mujeres- y 148 Ter -Violencia Política contra mujeres- del Código Penal), y se sancionen a los agresores. En la misma línea, exhortamos al Tribunal Supremo Electoral, para que en el marco de sus competencias asuma conocimiento de ambos casos y realice las acciones correspondientes.

Recordemos que existen los mecanismos y previsiones legales para activar, en caso de que se incurrieran en acciones u omisiones dentro de la función política pública. Vivimos en un Estado de Derecho y nadie puede asumir determinaciones al margen de la ley, menos aún realizar actos tipificados como delitos como son el acoso y violencia política.

En nuestro país, el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y la prevención del AVP, están garantizados en la CPE, en los artículos 8.II, 11.I y 26.I que establece que el Estado se sustenta en “valores de igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación”, “adoptando para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres” siendo en ese sentido la participación equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”.

Igualmente, está en vigencia la Ley N° 243, la cual incorpora los delitos de acoso político y violencia política, sancionados con privación de libertad.

La institución defensorial en cumplimiento a su mandato constitucional de defensa de la sociedad, realizará el seguimiento de ambos casos y expresa de manera fehaciente que, estará alerta y vigilante a las acciones que realicen las instancias competentes de denuncia, atención y procesamiento; por lo que, se exige tomar en cuenta el principio de celeridad, debida diligencia, emisión de medidas de protección necesarias y se cumpla con la normativa nacional vigente, en el marco de estándares internacionales de Derechos Humanos.

La Paz, 12 enero de 2024