Defensoría del Pueblo destaca sentencia de 30 años a exautoridades por el asesinato de la exconcejala Juana Quispe Apaza

Pasaron casi 12 años del proceso de investigación de la muerte de la exconcejala Juana Quispe Apaza del municipio de Ancoraimes (La Paz), quien en marzo de 2012 apareció muerta en orillas del rio Orkojahuira en la urbe paceña. Previo al hecho, Quispe sufrió acoso y violencia política, y advirtió amenazas contra su vida e integridad, porque las autoridades municipales de ese entonces, le negaban tomar posesión de su cargo y ejercer su mandato de fiscalización. 

Hoy, finalmente el Tribunal Cuarto de Sentencia en La Paz, declaró culpables a cuatro exautoridades por el asesinato de la exconcejala, Juana Quispe Apaza y sentenció a 30 años de cárcel al exalcalde, Félix Huanca Flores y al exconcejal Pastor Cutili, y a las exconcejalas Basilia Ramos Callisaya, 15 años, y a Exalta Arismendi Villavicencio, dos años; estas dos últimas por complicidad e encubrimiento. Constituyéndose en el quinto caso a nivel nacional que logra tener una sentencia contra los agresores.

En febrero de 2023, al suspenderse la audiencia de juicio oral, en conformidad al Decreto Supremo N° 2935, la Defensoría del Pueblo exhortó al Órgano Judicial se convoque al Mecanismo de Prevención y atención inmediata de defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso y/o violencia política, para la coordinación, atención y articulación de acciones en el presente caso y otros que se presentasen. 

Dictado el fallo, la Defensoría del Pueblo recuerda a las autoridades competentes a cumplir con todo el procedimiento legal a fin de que la sentencia sea ejecutoriada y se evite más dilaciones como se evidenció en los casi 12 años del proceso. De esta manera, la sentencia condenatoria se constituye en el camino para cerrar las brechas de impunidad frente a los hechos de violencia política contra mujeres autoridades. 

El caso es reconocido como "emblemático e histórico", debido a la violenta muerte que sufrió Quispe, misma que impulsó el tratamiento y la promulgación de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las mujeres, norma que establece mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

Según los datos de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), desde enero de la gestión 2018 hasta el mes de junio del 2023 recibió 600 denuncias, siendo el 2020 el año con más denuncias (160), mientras que el 2022 (76) y 2023 (41) registraron una menor cantidad de denuncias. 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el asesinato de la concejala “refleja muchas de las fallas estructurales que subsisten en instituciones y normativas del Estado”, además de recomendar el “reforzar la implementación efectiva de la Ley N.° 243 con miras a erradicar la violencia política contra las mujeres y garantizar su pleno ejercicio, sin discriminación, a sus derechos políticos”.

La Paz, 4 de enero de 2024