Durante los conflictos del primer trimestre de 2024 se cometieron 94 vulneraciones a los derechos humanos
L
a Defensoría del Pueblo presentó el resumen ejecutivo del primer Informe de Conflictividad en Bolivia, documento que da cuenta sobre la comisión de al menos 94 vulneraciones a los derechos humanos, durante los 103 conflictos registrados durante el primer trimestre de 2024. De acuerdo al detalle publicado en el informe defensorial, se registraron 39 vulneraciones del derecho al empleo y al trabajo; ocho del derecho a la educación; seis vulneraciones del derecho al medioambiente; seis del derecho a la salud y acceso a la salud; seis del derecho a la infraestructura del transporte; seis del derecho a la infraestructura urbana; cinco vulneraciones del derecho a contar con infraestructura de servicio; cinco del derecho al acceso a la justicia; cuatro del derecho político; tres vulneraciones del derecho a una jurisdicción de entidad territorial autónoma; tres del derecho al acceso al agua potable; y tres del derecho al acceso a la electricidad. El jefe de la unidad de Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad, Héctor Huanca destacó que el informe es producto de la implementación del Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) de la Defensoría del Pueblo. El reporte además establece que, durante el primer trimestre de 2024 se registraron 103 conflictos. La mayor parte de ellos se produjeron en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, con 18 y 17 hechos de conflictividad respectivamente, seguidos de los departamentos de Potosí y Beni, ambos con 16 y Cochabamba con 15, señala el informe.
E
l SIMAT, estableció que de los 103 hechos de conflictividad 75 son conflictos sociales como tal; 27 son alertas tempranas y un acuerdo de conflicto. Los hechos de conflictividad en regiones han persistido con mayor prolongación de tiempo y mayor intensidad en sus medidas de presión, como es el caso de los bloqueos de carreteras en el mes de enero, debido a la demanda de elecciones judiciales y la exigencia de renuncia por la prórroga de autoridades judiciales, teniendo como epicentro principal al departamento de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. La principal demanda reflejada en la disconformidad de los actores demandantes se traduce en el campo laboral, por la falta de pagos de haberes devengados; la suspensión y extinción de fuentes laborales por parte del gobierno central, departamental o municipal.
El evento fue organizado por CEPAL y la FIO
Defensor del Pueblo expone situación de mineros adolescentes de Potosí durante taller “Democracia ambiental y minería en América Latina y el Caribe”
En el marco del taller “Democracia Ambiental y Minería en América Latina y el Caribe”, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, se refirió a las problemáticas que se atraviesa en el país respecto a la temática del encuentro, sin embargo, hizo especial énfasis a la situación que evidenció durante el último verificativo realizado a los diques de cola en Cantumarca, Potosí: los adolescentes mineros. “Esta es la incidencia de los pasivos mineros que afectan a la salud y la vida misma de las personas, esto también reproduce situaciones de conflictividad (…) Hay una afectación en los derechos a la vida, las condiciones generan inseguridad laboral, generan fallecimiento. Existe una alta incidencia de mineros adolescentes en Potosí que de forma ilegal desarrollan esta actividad, esta precariedad repercute en la vida misma de estos adolescentes”, expresó. Callisaya participó del mencionado taller, que se realizó el pasado jueves 25 de abril, en Santiago de Chile, como parte de las actividades organizadas por la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
D
urante su intervención la autoridad reflexionó sobre la incidencia del impacto ambiental y sociocultural que tiene la minería en las diferentes regiones y particularmente en Bolivia. Por ello, remarcó la importancia del acuerdo de Escazú y la minería sostenible para la región. “Los diferentes contextos que están presentes en nuestras regiones con la minería legal, ilegal e informal (…) definitivamente existe en algunos casos una falta y en otros una debilidad en el control del manejo de sustancias químicas peligrosas, el control del impacto medioambiental y el control del impacto sociocultural”, apuntó la autoridad durante su intervención. Para el Defensor del Pueblo es importante visibilizar la incidencia que la actividad minera pueda tener en diferentes regiones, en el caso boliviano es algo cíclico, hubo un momento en el que básicamente toda la economía nacional estaba vinculada a la actividad minera, pero en otros momentos esa incidencia no sólo va al tema estatal sino a una economía de subsistencia de las personas.
Organizaciones de niños, adolescentes y adultos mayores validan planes de acción defensorial para el trabajo con esas poblaciones en el próximo cuatrienio
C
on el objetivo de garantizar la participación e inclusión de niñas, niños y adolescentes, así como las personas adultas mayores, en la definición de políticas públicas, la Defensoría del Pueblo lleva adelante procesos de socialización y validación de sus planes de acción 2024 – 2028, orientado a ambos sectores. En el caso de la Niñez y Adolescencia, el documento plantea acciones en temas urgentes como lo es la violencia sexual, la privación de cuidado parental, el apoyo a los niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio, la violencia en el sistema educativo, el trabajo infantil y la situación de los adolescentes con responsabilidad penal en centros de reclusión. En cuanto a las personas adultas mayores, los representantes al menos 20 organizaciones y asociaciones de personas adultas mayores de Bolivia validaron el Plan de Acción Defensorial 2024 – 2028, el cual consta de nueve ejes de acción, cuya finalidad es promover y resguardar los derechos de ese sector de la población. El plan de acción consta de nueve ejes, de acuerdo al siguiente detalle: derecho a una vida sin ningún tipo de violencia, derecho de las personas adultas mayores que reciben servicios de cuidado de largo plazo, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a una vejez digna y atención con trato preferente. La socialización y validación de los planes de acción para poblaciones en situación de vulnerabilidad es impulsada por la Adjuntoría para la Vigencia y Ejercicio de los Derechos Humanos.
La institución defensorial logra la restitución de los derechos de una servidora pública y su madre con discapacidad visual
Tribunal Constitucional Plurinacional revoca decisión de Sala Constitucional y concede tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo para trabajadora
P
ese a que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz denegó la tutela dentro de la acción de amparo constitucional presentado por la Defensoría del Pueblo para restituir a su fuente laboral a Carmen Zenteno Mercado, una servidora pública que se desempeñaba en el Servicio Departamental de Salud – La Paz (SEDES – La Paz), la institución defensorial insistió en su misión de defender los derechos de la mujer, que tiene a su cargo a su mamá, una persona adulta mayor con discapacidad visual. Fue así que, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en revisión, revocó la decisión emitida por la Sala Constitucional 4ta. del Tribunal Departamental de Justicia paceño, otorgando la tutela solicitada inicialmente, con lo cual ordena que Zenteno sea restituida a su fuente laboral. “Yo acudí a la Defensoría del Pueblo por la desvinculación que me querían hacer en el SEDES, pese a que tenía a mi cargo a mi mamá que es una persona adulta mayor y que tiene discapacidad visual. En tal situación, la Defensoría del Pueblo atendió mi caso, me defendieron bien, agradecer al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya y a todo el personal que atendió mi caso, me representaron de buena manera”, expresó Zenteno. El SEDES La Paz trató de desvincular a Carmen Zenteno el 13 de octubre de 2022, pero ella hizo su representación para dejar sin efecto la disposición, toda vez que tenía a su cargo una persona con discapacidad y ante esto ella estaría beneficiada con la inamovilidad laboral. El 17 de abril pasado, el TCP se pronunció y decidió revocar la tutela denegada, concediendo la tutela solicitada por la institución defensorial. La Sentencia Constitucional Plurinacional 0051/2024-S2, emitida por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia estableció, además, otorgó tres días de plazo al SEDES para restituir a Carmen Zenteno a su fuente laboral.
Plomo en la sangre: Defensor advierte afectación a la salud de pobladores de Cantumarca y demanda acciones al SEDES de Potosí
T
ras un verificativo realizado en la localidad de Cantumarca en Potosí, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, exhortó al Servicio Departamental de Salud (SEDES) - Potosí, a implementar de forma oportuna un plan de contingencia en la atención de salud de comunarios afectados por la presencia de plomo en su sangre. “Se transmitió este informe al Servicio Departamental de Salud, instancia que este momento, con base en sus competencias, tiene la obligación de asumir las medidas necesarias para que estas contingencias en salud puedan salvarse, (por tanto) tiene que establecer un plan para que pueda atenderse a estas personas afectadas”, dijo la autoridad Defensorial. La Defensoría del Pueblo realizó el verificativo al cumplimiento de la sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), respecto a los diques de colas de Lagunapampa I y II, acompañando en calidad de observadores a la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal y a la Jefatura de Medio Ambiente del GAM de Potosí, donde se evidenció el retraso del mismo. “Estamos en presencia de dos problemas, por un lado, la falta de cumplimiento a la sentencia constitucional, y, por otro, el tema de salud que es necesario salvarlo inmediatamente”, afirmó. el Defensor del Pueblo Detalló que, se tiene conocimiento del resultado de 116 pruebas de laboratorio realizadas a comunarios de Cantumarca, que dan cuenta de la alta presencia de plomo en la sangre. “De 116 personas, 93 son adultos mayores y el 81% de ellos tiene problemas en la sangre. De estas 116 personas, 23 son niños, de los cuales 65% tiene presencia de plomo en la sangre, es importante hacer la alerta correspondiente”, señaló.
Título: Los pueblos indígenas del Ecuador: derechos y bienestar
Autor: Flacso y Oxfam
Título: Recomendaciones para la incorporación del enfoque de derechos humanos en la evaluación del impacto ambiental de proyectos mineros
Autor: CEPAL - FIO - Cooperación Alemana
Título: Política Pública Plurinacional para el desarrollo integral de la primera infancia
Autor: Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
