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11 de noviembre de 2022
La Defensoría del Pueblo condena las violentas
agresiones en contra de trabajadores de la prensa por parte de grupos movilizados
que apoyan el paro indefinido en Santa Cruz en demanda de la realización del
Censo Nacional y por otros que se oponen a esta medida.
12 de octubre de 2022
La Defensoría del Pueblo condena la agresión que sufrió una
periodista de la red de televisión Cadena A' quien recibió una pedrada mientras
realizaba la cobertura informativa durante los enfrentamientos entre choferes
de El Alto y vecinos. El hecho ocurrió
en la avenida 6 de Agosto de la ciudad de La Paz, donde se realiza la Cumbre
del Transporte.
19 de septiembre de 2022
La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia saluda la decisión del Estado Boliviano, a través de la Procuraduría General del Estado, de suscribir el Acuerdo de Solución Amistosa con la peticionaria Marcela Alejandra Porco, en el marco del Caso 11.426, tramitada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante el cual el Estado Reconoce su Responsabilidad Internacional por la vulneración de los Derechos Humanos cometida en contra de la peticionaria.
10 de septiembre de 2022
La Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo en Yacuiba observa con preocupación la medida preparatoria iniciada por el Alcalde del municipio de Yacuiba, Carlos Bru, ante el Juzgado de Sentencia Penal Primero de esta jurisdicción, y el requerimiento que emitió esta autoridad judicial al periodista Roberto Puma Vega, de Radio Frontera, en el que le solicita que informe cuáles fueron las fuentes utilizadas durante una transmisión de prensa, difundida el 27 de junio de la presente gestión, sobre denuncias referidas a un desayuno escolar en supuesto mal estado.
28 de junio de 2022
La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la nota
(N° 052200001566) dirigida a Pablo Enrique Osorio Abud por parte del Presidente
Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón Morales, en la
que le solicita retirar una publicación que hace referencia a la entidad
tributaria difundida por la red social Tik Tok, y de no hacerlo le anuncia que
asumirá acciones legales ante el Ministerio Público.
1 de abril de 2022
La
Defensoría del Pueblo tras tomar conocimiento de la decisión del Juzgado 5to de
lucha contra la Corrupción y Violencia contra la Mujer, que dispuso detención
preventiva del periodista Luis Alfredo Muñoz Cerna, por cuatro meses en el
centro penitenciario de San Pedro en La Paz, expresa su preocupación ante esta
determinación, razón por la que ha iniciado una investigación para garantizar
el respeto de las garantías del debido proceso y el respeto a la libertad de
expresión.
19 de febrero de 2022
La Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura, hace seguimiento a la situación de la
privada de libertad Jeanine Áñez, en ese marco, a lo sucedido el 18 de febrero de 2022 en el Centro de
Orientación Femenino de Miraflores de La Paz.
10 de febrero de 2022
El 5 de enero, Edil Cuéllar Cuéllar, padre de Titer Cuéllar Alvarado, denunció a la Delegación Departamental de Santa Cruz que la Policía busca a su hijo por el asesinato del empresario y cantante Víctor Hugo Cuéllar Gonzales, pese a que, según él, Titer es inocente de ese crimen. En esa ocasión, entregó pruebas que incriminan a otra persona, a Gerson Paúl Limachi Condori, alias ‘Mamá osa’.
9 de noviembre de 2021
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, condena las agresiones y la obstaculización al trabajo de los periodistas durante las movilizaciones convocadas contra la Ley 1386 de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas; exhortó al Estado a brindar garantías a los trabajadores de la prensa en el marco del derecho a la libertad de expresión y de información.
29 de octubre de 2021
La Defensoría del Pueblo, frente a la agresión física y retención en contra de la voluntad de trabajadores de la prensa ayer durante 7 horas en la propiedad Las Londras en la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, a manos de personas encapuchadas y que portaban armas de fuego, exige el inicio de procesos penales para identificar y sancionar a los responsables de estos hechos que atentan contra la libertad de expresión, una de las bases fundamentales del Estado de Derecho y de la Democracia.