Gestor de Notas de Prensa

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, se reunió hoy con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de las entrevistas programadas por esta instancia que fue conformada para investigar los hechos de violencia ocurridos en el contexto de las elecciones generales del pasado año, y entregó el Informe Defensorial Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia, octubre-noviembre de 2019, y otros documentos recolectados en esa investigación.

Una investigación defensorial evidenció que la atención de casos de violencia hacia la mujer, por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), a través de líneas WhatsApp durante la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, no fue eficiente ni efectiva, ya que su  ineficacia alcanzó a un 43,3% y en ningún departamento del país se tuvo una respuesta inmediata.

Descarga el informe defensorial aquí

La Defensoría del Pueblo responsabilizó al Ministerio Público por permitir que las masacres de Senkata, Sacaba y los asesinatos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto poselectoral de 2019 permanezcan en la impunidad y, que a un año de lo ocurrido, la investigación se encuentre en fase preliminar y no se tenga personas imputadas, menos sancionadas, privando a las víctimas y a sus familias del acceso a la justicia.

La Defensoría del Pueblo inició, en Cobija-Pando, la socialización de una propuesta de paquete normativo, elaborado por esta institución, que tiene la finalidad de coadyuvar a los gobiernos autónomos municipales (GAM) y departamentales (GAD) a que incluyan en su reglamentación interna procedimientos administrativos para la denuncia y sanción de faltas de acoso y violencia política hacia las mujeres. 

La Defensoría del Pueblo, a un año de la masacre de Sacaba donde, como resultado de un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas, 10 personas murieron por impacto de bala, denunció que estas muertes permanezcan en la impunidad y que las investigaciones no avancen debido a los obstáculos colocados por estas  instituciones que se niegan a brindar información sobre esos hechos.

La Defensoría del Pueblo, ante declaraciones que circulan en redes sociales, sobre un supuesto reconocimiento formal y respaldo institucional a agrupaciones de víctimas del conflicto poselectoral de 2019, aclara que: 

La Delegación Defensorial de La Paz gestionó que una persona que quedó con daño neurológico irreversible a causa de la COVID-19, reciba un trato humanitario y que su familia reciba capacitación para asumir su cuidado cuando sea dado de alta del Hospital Materno Infantil.

La Defensoría del Pueblo observó que a dos meses de concluir este año, el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas (CPCTTP), a la cabeza  del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, recién aprobó el Informe de Ejecución de la Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos de la gestión 2019 y el Plan de Actividades para la gestión 2020.

La Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno Transitorio y  a las autoridades recientemente electas que asumirán el 8 de noviembre, investigar el origen de las “listas de odio” que circulan en redes sociales con nombres de periodistas, ex autoridades y otros profesionales y que incluyen amenazas en su contra, a fin de asegurar que puedan desarrollar sus actividades con total libertad y plenas garantías.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, exigió al Ministerio Público investigar las amenazas y persecución por parte de funcionarios del Gobierno Transitorio que denunció el Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez, quien este miércoles falleció tras permanecer internado luego de sufrir agresiones físicas.