Gestor de Notas de Prensa

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó su extrema preocupación ante la decisión del Ministerio de Salud de disponer, mediante el comunicado MS/DGAA/URRHH/CO/33/2020, que su personal que no se encuentre con baja médica retorne a sus actividades labores desde este 13 de julio, lo que implica que los funcionarios que presentaban síntomas por COVID-19 retornen a su trabajo pese a no contar aún con los resultados de sus pruebas laboratoriales para esa enfermedad.

La Defensoría del Pueblo alertó del despido de más de medio centenar de profesionales de régimen penitenciario y calificó de desacertada esta medida asumida por el Ministerio de Gobierno, porque entre ellos existe personal del área salud, lo cual va en desmedro, particularmente, de la salud, integridad y vida de las personas privadas de salud, sin considerar la situación crítica que se atraviesa por la pandemia. 

La Defensoría del Pueblo expresó preocupación por la situación de los trabajadores de los medios estatales, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Informaciones (ABI) y Radio Illimani que se encontrarían en la incertidumbre sobre su condición laboral, y anunció que realizará una verificación para garantizar el respeto y cumplimiento de derecho laborales de estas personas.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó preocupación por la decisión del Gobierno de eliminar los ministerios de Culturas, Deportes y Comunicación, porque ahondaría la desatención de sectores fundamentales para el Estado, como son los gestores culturales y los deportistas.

La Defensoría del Pueblo lamentó el alejamiento forzado del periodista Junior Arias de la actividad periodística en la Red Gigavisión, producto de las amenazas y amedrentamientos recibidas por parte del Gobierno, a fin de precautelar la seguridad de su familia que sería objeto de seguimiento policial.

La Defensoría del Pueblo, tras conocer que tres periodistas de Bolivia Tv. dieron positivo al coronavirus y que ese canal estatal no estaría garantizando la protección de sus trabajadores frente a la enfermedad, pidió al Ministerio de Comunicación informar sobre las medidas de bioseguridad que se están implementando en los medios estatales.

La Defensoría del Pueblo condena y rechaza las actitudes violentas de pobladores de Mairana que este vienes agredieron a periodistas que realizaban la cobertura de la protesta que protagonizan en ese sector.

La Defensoría del Pueblo exhortó a la población de Caranavi a deponer actitudes que atenten contra la integridad del personal de salud desplegado en esa población y demandó al Estado, a través del Ministerio de Salud, a otorgar garantías a esos trabajadores que fueron atacados y amenazados por pobladores de ese municipio, cuando guardaban una cuarentena preventiva por contacto con pacientes positivos de COVID-19.

La Defensoría del Pueblo investiga la posible vulneración de la estabilidad, continuidad e inamovilidad laboral, en plena crisis sanitaria, de aproximadamente 500 maestras y maestros de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM) y en los Programas de Formación Complementaria para Actores del Sistema Educativo Plurinacional (PROFOCOM-SEP).

La Defensoría del Pueblo considera que las circulares de la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI), respecto al pago de los diferimientos de los créditos bancarios y referidos a los clientes del mercado de seguros, favorecen a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y restringen los derechos de los usuarios financieros.