Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo rechazó y expresó su preocupación por los anuncios públicos de grupos particulares o civiles como los de la denominada agrupación Resistencia Juvenil Cochala, que bajo el argumento de “proteger” a la ciudad de Cochabamba, intentan ejercer acciones de seguridad, control o negociación que son exclusivas del Estado.

La Defensoría del Pueblo exhortó a la población de Caranavi a deponer actitudes que atenten contra la integridad del personal de salud desplegado en esa población y demandó al Estado, a través del Ministerio de Salud, a otorgar garantías a esos trabajadores que fueron atacados y amenazados por pobladores de ese municipio, cuando guardaban una cuarentena preventiva por contacto con pacientes positivos de COVID-19.

La Defensoría del Pueblo solicitó a los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional y de Salud, a la Contraloría General del Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional  informar, supervisar e investigar la compra de 170 unidades de respiración artificial destinadas al tratamiento de los enfermos con el COVID-19.

La Defensoría del Pueblo ve con preocupación las últimas manifestaciones de descontento social que se registran en diferentes regiones del país y que tiene como actores a pobladores del sector de K’ara K’ara en Cochabamba, en el municipio de Yapacaní, comunarios de Macha en el Norte de Potosí y vecinos de algunas zonas de la ciudad de El Alto, que demandan medidas adecuadas para retornar a sus actividades laborales y económicas para enfrentar la afectación económica que les habría provocado la cuarentena total.

La Defensoría del Pueblo lamenta la violencia que se protagoniza en la víspera en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde grupos de personas salieron a las calles  e instalaron puntos de bloqueos para protestar por la ampliación de la cuarentena, la falta de pago de los bonos, incumplimiento en el descuento del pago de los servicios básicos, además de exigir que se realicen las elecciones generales.

La Defensoría del Pueblo observa que el Decreto Supremo 4232, de 7 de mayo de este año, está en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y atenta contra el derecho a la seguridad alimentaria de los bolivianos.

La Defensoría del Pueblo considera que las circulares de la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI), respecto al pago de los diferimientos de los créditos bancarios y referidos a los clientes del mercado de seguros, favorecen a las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y restringen los derechos de los usuarios financieros.

La Defensoría del Pueblo observa que a la fecha es incierta la posibilidad de contar con pruebas, accesibles, oportunas y suficientes, para identificar casos de COVID-19 en el país, no obstante que el Ministerio de Salud informó hace 76 días que existía un plan de preparación y respuesta para el control de esta enfermedad.

La Defensoría del Pueblo rechaza enfáticamente los hechos violentos suscitados, la noche del jueves, en los municipios de El Alto, Ivirgarzama y Yapacaní, donde  grupos de personas salieron en protesta por la ampliación de la cuarentena y exigiendo la realización de las elecciones generales, rompiendo una medida preventiva dispuesta a nivel nacional para evitar el incremento de los riesgos para la salud pública debido a la pandemia del COVID-19.

La Defensoría del Pueblo, demandó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, asumir medidas necesarias y pertinentes para garantizar la estabilidad laboral y el pago de salario de trabajadoras del hogar, correspondiente a marzo y abril, quienes durante este periodo de cuarentena han visto sus derechos laborales vulnerados; asimismo, atender de forma oportuna las denuncias presentadas por este sector.