Gestor de Notas de Prensa

La Delegación Defensorial Departamental de La Paz posibilitó que el Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz y la Federación de Organizaciones Comunitarias de Personas con Discapacidad y Deficiencia del Departamento de La Paz (FOCPEDD) firmen un acuerdo para revisar la calificación y renovación del carnet de discapacidad de sus afiliados.

En respuesta a la consulta de la Defensoría del Pueblo respecto a la existencia de un catálogo oficial de nombres sugerido para que los padres y madres lo consideren a tiempo de decidir el apelativo de sus hijas e hijos, el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) informó que la entidad no cuenta con una nómina aprobada.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y representantes de organizaciones nacionales, departamentales y locales de personas con discapacidad sostuvieron hoy un encuentro donde se identificaron las necesidades del sector que serán insumos para planificar un trabajo conjunto y dar respuestas a sus preocupaciones.

Una investigación realizada por la Defensoría de Pueblo evidenció que el Sistema de la Educación boliviano excluye y segrega a las personas con discapacidad, pues, entre otras razones, admite la coexistencia de dos subsistemas, uno de educación regular y otro de educación alternativa y especial, éste último exclusivo para personas con discapacidad, lo que podría implicar que se legitime la segregación en contra de este grupo poblacional.

La Defensoría del Pueblo logró que un tribunal de garantías falle en favor de E.L.R.T., una joven con discapacidad, y ordene a la AFP Futuro Bolivia S.A. restablecer el pago de la pensión por invalidez vitalicia que le había suspendido, así como a realizar un pago retroactivo de las rentas devengadas desde febrero de este año. 

Oruro, 1 de julio de 2022.- La Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo constitucional por la vulneración de derechos de una persona con discapacidad que fue desvinculada de forma ilegal por la Gobernación de Oruro, y logró que la Sala Constitucional Primera de Oruro, constituida en Tribunal de Garantías, disponga su inmediata reincorporación a esa institución. 

La Defensoría del Pueblo logró que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz falle en favor de E.L.F.V., adulta mayor con discapacidad, y deje sin efecto las resoluciones del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) que de manera indebida niega a una adulta mayor con discapacidad a recibir una renta básica de orfandad vitalicia, ordenando emitir una nueva resolución en la que reconsidere la solicitud de la persona afectada.

La Defensoría del Pueblo deplora que el gobernador de La Paz, Santos Quispe, haya utilizado adjetivos que hacen alusión a condiciones de discapacidad para descalificar a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, porque la discapacidad debe ser respetada y no implica una incapacidad para el pleno desarrollo de las personas; razón por la cual exhorta a la autoridad de la gobernación paceña a ofrecer disculpas a las personas con discapacidad.

La Defensoría del Pueblo posibilitó que el Consejo Académico Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés disponga el ingreso directo de Eliana C., persona con discapacidad física y motora a la Carrera de Derecho, quien fue víctima de discriminación por parte de la Comisión de Evaluación de Postulantes con Discapacidad que rechazó su admisión bajo el argumento de que “no es apta” para estudiar esa carrera universitaria.

La Defensoría del Pueblo, a través de una acción de amparo constitucional, logró que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz conmine a la Alcaldía de La Paz, a la inmediata reincorporación laboral de M.R.C.D, aunque observó que el fallo no ordene que se le pague sus salarios devengados y se cumplan otros derechos laborales.