Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo pidió a la Asamblea Regional del Gran Chaco suspender, a la brevedad  posible, al asambleísta Julio César Ferreira, acusado de la violación y abuso sexual de tres niñas y un niño, para garantizar el desarrollo del proceso penal en su contra sin injerencia política o pública de por medio. 

La Defensoría del Pueblo rechaza enfáticamente los hechos violentos suscitados, la noche del jueves, en los municipios de El Alto, Ivirgarzama y Yapacaní, donde  grupos de personas salieron en protesta por la ampliación de la cuarentena y exigiendo la realización de las elecciones generales, rompiendo una medida preventiva dispuesta a nivel nacional para evitar el incremento de los riesgos para la salud pública debido a la pandemia del COVID-19.

La Defensoría del Pueblo plantea fortalecer y ampliar los servicios de atención y protección a niñas, niños y adolescentes que posibiliten la denuncia, a través de mecanismos alternativos e innovativos como campañas informativas en redes sociales, centros de abasto, entidades financieras, centros de salud y farmacias, para prevenir el alarmante incremento de casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en este periodo de cuarentena por el COVID-19.

La Defensoría del Pueblo y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), ante el alarmante incremento de casos de violencia hacia mujeres en esta etapa de emergencia sanitaria, acordaron trabajar de manera coordinada y conjunta para prevenir este delito y fortalecer las medidas de protección a través de la implementación de mecanismos de difusión e información sobre servicios y rutas de atención para  estas víctimas.

La Defensoría del Pueblo intervino en el caso de dos turistas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual en la localidad de Uyuni, y gestionó acciones de contención y protección para ambas; además de hacer seguimiento a las diligencias por parte del Ministerio Público en la investigación penal.

La Defensoría del Pueblo, dentro de su objetivo de prevenir la vulneración de derechos, impulsa procesos de aprendizaje para sensibilizar en temas como la lucha contra la violencia hacia las mujeres o el promover la adopción para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes en situación de acogimiento a vivir en familia.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció la vulneración de los derechos humanos por parte del Estado boliviano en el periodo poselectoral del 20 de octubre de 2019 y lo hizo en las audiencias públicas del 175 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizadas en Haití.

La Defensoría del Pueblo condenó hoy el uso indiscriminado de la fuerza pública por parte de agentes de la Policía Boliviana, que gasificaron a los familiares de las víctimas de la masacre de Senkata, ocurrida en noviembre del pasado año, y afectaron a un centenar de niños de la Unidad Educativa 25 de Julio.

La Defensoría del Pueblo expresa especial preocupación por el accionar del Ministerio Público y del Órgano Judicial del país, debido a que no está actuando conforme a la Constitución Política del Estado, que establece que los casos de niñas, niños y adolescentes deben merecer su atención prioritaria a fin de garantizar el interés superior de esos grupos sociales.

La Defensoría del Pueblo, ante lo ocurrido ayer 26 de febrero en inmediaciones del Hotel Alexander de la ciudad de El Alto y en el  marco del proceso electoral que vive Bolivia, exhorta a las y los líderes políticos, sectores u organizaciones sociales, partidos políticos y autoridades del Gobierno a fortalecer el diálogo para mantener la paz y el respeto a los derechos y garantías constitucionales individuales y colectivos, y evitar situaciones de provocación o confrontación que podrían derivar en una escalada de hechos de violencia.