La Defensoría del Pueblo verifica estado de salud de 25 personas aprehendidas en Santa Cruz y gestiona el cumplimiento de sus Derechos Humanos

Santa Cruz, 29 de diciembre de 2022.- Después de la aprehensión del Gobernador del Departamento de Santa Cruz, Fernando Camacho, la Defensoría del Pueblo verificó en esta jornada que 25 personas están aprehendidas en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

Se trata de 23 varones y dos mujeres, entre ellos menores de edad, quienes fueron aprehendidos por los efectivos policiales, según el reporte de la Delegación Defensorial de Santa Cruz, que investiga si se respetaron los derechos al debido proceso y uso desproporcionado de la fuerza 

“Nos apersonamos hasta la FELCC para tomar contacto con los 25 aprehendidos por la toma de instituciones públicas. Como Defensoría del Pueblo tomamos contacto con Defensa Pública para que puedan asistir a las personas que no tienen abogado”, informó Cinthia Luna, profesional del Sistema de Servicio al Pueblo de Santa Cruz. 

La institución defensorial evidenció que la mayoría de los detenidos no contaban con el apoyo de abogados, así como lo establece la Constitución Política del Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese contexto, de manera inmediata, la Delegación Defensorial de Santa Cruz tomó contacto con los abogados del Servicio Plurinacional de la Defensa Pública (SEPDEP) para que realicen el patrocinio legal.

Respecto a la atención a los menores de 17 años de edad, la institución defensorial se contactó con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz para coordinar acciones de protección de sus derechos humanos.

Asimismo, se evidenció que al menos 10 de los detenidos presentan golpes en el rostro y en otras partes del cuerpo; por lo que, tramita el requerimiento fiscal para que de inmediato se realice la valoración forense y reciban la atención médica correspondiente.

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional, continúa con el seguimiento a estos casos y verificar la aplicación de las salvaguardias fundamentales de los privados de libertad, en aspectos como el derecho a ser informados de los motivos de la detención y de la naturaleza de los cargos que se le imputan; el derecho de informar con prontitud de su detención y del lugar de detención a un familiar o a un tercero.