La Defensoría del Pueblo rechaza el anuncio de desalojar a la comunidad ayorea que habita Concepción y condena las expresiones racistas y discriminatorias del Subgobernador de Ñuflo de Chávez

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por las reacciones surgidas tras lo ocurrido, el viernes, en el municipio de Concepción donde se produjeron enfrentamientos entre miembros de la comunidad indígena ayorea asentada en la zona El Balneario de ese municipio y el Sub Gobernador de la Provincia Ñuflo de Chávez y un grupo de personas con las que intentó levantar el bloqueo que realizaba el grupo indígena en protesta por la medida asumida por la dirigencia cívica de Santa Cruz. 

Considera que el uso de la violencia es reprochable, venga de donde venga, porque atenta contra la integridad y la vida de las personas; asimismo, condena las expresiones discriminatorias racistas y atentatorias a la dignidad humana vertidas por el Sub Gobernador de la Provincia Ñuflo de Chávez y el anuncio de la Asamblea del Pueblo de desalojar a miembros de la comunidad ayorea del lugar que habitan.

La Institución Defensorial recuerda que la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación prohíbe y sanciona todo acto, difusión e incitación al racismo o a la discriminación, cuya sanción será agravada cuando el hecho sea cometido por una servidora o un servidor público o autoridad pública.

De igual manera, pide celeridad en la investigación de este hecho para identificar e individualizar la responsabilidad de quien o quienes atentaron contra la integridad del Sub Gobernador de la Provincia Ñuflo de Chávez; de igual manera, a identificar y responsabilizar a quienes agredieron a las mujeres indígenas ayoreas que se encontraban en el punto de bloqueo.

Exhorta al Ministerio Público y a la Policía Boliviana, como agentes de Estado, a garantizar el debido proceso conforme señala el Artículo 116 de la Constitución Política del Estado.

La Institución Defensorial, además, recuerda que la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su Artículo 8, numeral 2, inciso c) señala que los Estados establecerán mecanismos para la prevención de toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violencia o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; en ese sentido, los pedidos de expulsión del pueblo indígena ayoreo vertidos durante la realización de la Asamblea del Pueblo en Concepción, atentan contra sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado y en la normativa internacional.

A través de la Delegación Defensorial Departamental Santa Cruz, se vigilará el desarrollo de las investigaciones iniciadas a fin de velar el respeto y cumplimiento del debido proceso, y exhorta a que cualquier medida sea en el marco del respeto de los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo reitera su convocatoria a buscar la solución al conflicto en torno al Censo Nacional de Población y Vivienda a través del diálogo franco, sincero y sin condiciones.

Santa Cruz, 29 de octubre de 2022