Defensoría del Pueblo posibilita que el Tribunal Departamental Electoral del Beni intervenga en la denuncia de acoso y violencia política contra una concejala de Riberalta

La Paz, 8 de febrero de 2022.- La Defensoría del Pueblo solicitó la intervención del Tribunal Departamental Electoral del Beni en la denuncia de acoso y violencia política contra la concejala municipal de Riberalta, Soraya Destre, y propició que el 15 de febrero una comisión se haga presente en ese municipio para tomar la declaración de la víctima.

Desde fines de diciembre de la gestión pasada, la entidad defensorial realizó varias acciones ante la falta de celeridad en el proceso penal abierto por la Concejala contra los dirigentes cívicos, políticos y sociales Katriel Muller, Jesús Holkons y Gabi Sánchez, por las agresiones físicas en su contra por haber manifestado su oposición a usar el presupuesto del desayuno escolar para la compra de una planta de oxígeno, incluso pedidos de renuncia y anuncio de cabildos. 

Incluso, según la denuncia que se conoció, la concejala fue agredida por una persona, a la que no logró identificar, que la golpeó con un fierro en su brazo provocándole una fractura.

Las acciones de la Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo en Riberalta, posibilitaron que el fiscal Javier Colque, en diciembre del año pasado, presente imputación formal contra Katriell Miuller, y ante la suspensión en dos oportunidades de la audiencia cautelar por el Juez Cautelar 1° Javier River Antelo, promovió que ésta, finalmente, se lleve adelante y en la cual se dispuso su detención preventiva en la carceleta de Riberalta.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, condenó este tipo de actos cometidos por los dirigentes cívicos, políticos y sociales de Riberalta y exhortó a que cese cualquier acto que se estaría generando para presionar, hostigar, amenazar o generar agresiones físicas y psicológicas cometidos de forma directa o por terceras personas en contra de la concejala Destre.

Cruz, además, instó al Ministerio Público y al Juzgado Cautelar de Riberalta, imprimir la celeridad y debida diligencia en el proceso penal instaurado por los actos de acoso y violencia política; así como asumir las medidas necesarias para resguardad la integridad física y psicológica de la víctima, en el marco de las previsiones establecidas en la Ley243.

Convocó a la población de Riberalta a no promover o incurrir en actos de acoso o violencia política de ninguna de la autoridades ediles.

Igualmente, pidió al Tribunal Departamental Electoral garantizar el ejercicio de los derechos políticos en el cargo para el cual fue elegida la concejala Destre. 

La Defensoría del Pueblo, desde 2014, atendió un total de 113 casos por acoso y violencia política, un promedio de 14 casos cada año.