Defensoría del Pueblo pide revertir las condiciones indignantes en las que se encuentran las personas privadas de libertad en el país

La población en situación de privación de libertad, hombres, mujeres y adolescentes, han merecido una atención y preocupación especial por parte de la Defensoría del Pueblo, que ejerce una vigilancia permanente al cumplimiento, respeto y difusión de sus derechos, y en esta fecha, cuando se recuerda el Día Nacional del Privado de Libertad reafirma su compromiso de fortalecer el trabajo en beneficio de este sector.

Una investigación integral realizada en 2018, en todos los recintos penitenciarios urbanos del país, evidenció las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las personas privadas de libertad, el hacinamiento que en ese entonces sobrepasaba el 225%, el limitado acceso a la salud, la mala alimentación; el deficiente acceso a servicios básicos y de infraestructura; la ausencia de programas de reinserción social, la criminalización de la pobreza, la prisionización, la persecución penal y el abuso de la detención preventiva que aplica el sistema de justicia.

Esta realidad no ha cambiado y los problemas identificados aún persisten. El hacinamiento, según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, a agosto de este año ha alcanzado el 165%, lo que genera que las 17.908 personas privadas de libertad que existen en los recintos carcelarios (65% con detención preventiva) vivan en condiciones indignantes con limitadas posibilidades de reinsertarse a la sociedad, debido a que los programas de psicoterapia, educación, trabajo, actividades culturales, recreativas, deportivas y el fortalecimiento de lazos familiares, no pueden concluir su aplicación por la falta de clasificación entre sentenciados y preventivos, según el grado de peligrosidad y por la edad entre otros.

En las cárceles urbanas, las celdas individuales en su mayoría miden 3 por 2 metros donde cohabitan hasta cuatro personas, como en el pabellón 11 del PC4 del penal de Palmasola en Santa Cruz; existen otras como en San Pablo de Quillacollo, en Cochabamba, que tienen una dimensión aproximada de 1,10 por 2 metros; o las celdas de uso común como las de San Pedro de La Paz, que miden hasta 6 por 8 metros y donde habitan de 15 a 40 personas. 

La situación se agrava en las carceletas rurales donde el hacinamiento y el deterioro son alarmantes, como en el recinto de Guayaramerín en el Beni, donde se encuentran 210 personas en un espacio con capacidad para 70 personas, las celdas miden alrededor de 3 por 4 metros y donde cohabitan hasta seis internos; o la carceleta de Monteagudo, en Chuquisaca, donde existen 63 personas privadas de libertad hacinadas en condiciones precarias y en un espacio reducido.

Bajo estas condiciones y frente a la pandemia de la COVID-19, mantener el distanciamiento social de al menos un metro, como una medida básica de prevención de contagios de la enfermedad, es imposible. En la gestión 2020, ante las insuficientes medidas de bioseguridad y la falta de atención de las condiciones carcelarias por parte del Gobierno transitorio, se ha lamentado la pérdida de 40 vidas humanas en todo el sistema penitenciario. En esta gestión, las medidas de encapsulamiento y la adopción de protocolos de bioseguridad por parte de Régimen Penitenciario han generado menores índices de contagios; si bien en Monteagudo, por ejemplo, se propagó el virus en casi toda la población carcelaria, la estrategia interinstitucional que también fue impulsada por la Defensoría del Pueblo, ha logrado que se contengan sus efectos.

La Defensoría del Pueblos considera que la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y la demanda de la sociedad respecto de una reinserción social efectiva, convoca a las autoridades a repensar en cambios estructurales, procesos integrales y articulados con las diferentes instancias de Estado para revertir la realidad penitenciaria en nuestro país.

La Defensoría del Pueblo, en ese objetivo, ha consolidado un trabajo articulado con Régimen Penitenciario y ha impulsado acciones en beneficio de las personas privadas de libertad, implementando programas para incidir y coadyuvar en la reinserción social como “Entrenando por la Liberación” que tiene por objeto implementar y fortalecer los procesos de formación deportiva en centros penitenciarios; y “Libros por Rejas”, basada en la lectura de libros para la redención de penas, logrando distribuir más de 10.000 libros en 45 recintos penitenciarios, material bibliográfico colectado como parte de la campaña que la institución defensorial realizó en todo el país y a la que apoyaron distintas entidades públicas y privadas. 

En esa línea y en esta fecha, la institución reitera y exhorta a las autoridades a no dejar de “volcar la mirada hacia las cárceles” para lograr cambios estructurales en la realidad penitenciaria que dignifiquen y precautelen los derechos humanos de esta población.  

La Paz, 24 de septiembre de 2021