Defensoría del Pueblo exhorta al Estado activar el Mecanismo de Prevención de Acoso y/o Violencia Política, ante la presencia de casos y en particular, de Juana Quispe

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación ante los casi 11 años de impunidad que rodea la muerte de la ex concejala Juana Quispe Apaza del municipio de Ancoraimes del departamento de La Paz, quien en marzo de 2012 apareció muerta en orillas del rio Orkojahuira en la urbe paceña. Previo al hecho, Quispe sufrió acoso y violencia política, y advirtió amenazas contra su vida e integridad, porque las autoridades municipales de ese entonces, le negaban tomar posesión de su cargo y ejercer su mandato de fiscalización. 

El caso es reconocido como "emblemático e histórico", porque la violenta muerte que sufrió Quispe impulsó el tratamiento y la promulgación de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las mujeres, norma que establece mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

 

A más de una década del hecho, aún no se cuenta con una sentencia, pese que la familia de la ex autoridad reunió evidencias durante la investigación, que sustentan que el hecho es un crimen político y en el que estarían involucrados un ex alcalde y dos exconcejales de Ancoraimes.

 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el asesinato de la concejala “refleja muchas de las fallas estructurales que subsisten en instituciones y normativas del Estado”, y destacó la aprobación de la Ley N° 243 y Recomendó “reforzar su implementación efectiva con miras a erradicar la violencia política contra las mujeres y garantizar su pleno ejercicio, sin discriminación, a sus derechos políticos”.

Al suspenderse el 10.02.2023 la audiencia del juicio oral en el caso de Juana Quispe Apaza, la Defensoría del Pueblo rechaza rotundamente toda expresión de acoso y violencia contra las mujeres y exhorta a las instancias judiciales competentes se tomen las medidas necesarias para el esclarecimiento y sanción de este delito -ocurrido hace más de una década-. A la fecha, por la retardación de justicia existente, el Estado Plurinacional de Bolivia no ha cumplido con su obligación o responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

Asimismo, de conformidad al Decreto Supremo N° 2935, con carácter de urgencia la Defensoría del Pueblo exhorta a que se convoque al Mecanismo de Prevención y atención inmediata de defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso y/o violencia política, para la coordinación, atención y articulación de acciones en el presente caso y otros que se presentasen.

¡JUSTICIA PARA JUANA QUISPE!

 

La Paz, 13 de febrero de 2023